Bloqueo a Cuba
En el
contexto de los acontecimientos que se desarrollan rápidamente en el mundo, del
agravamiento de la confrontación geopolítica y del creciente crisis de la
seguridad internacional, las acciones de los Estados Unidos en la región del
Caribe han atraído especial atención. En un momento en que el sistema global de
relaciones internacionales atraviesa un período de inestabilidad y
transformación, la declaración de estado de emergencia por parte de Estados
Unidos en relación con Cuba y el endurecimiento de la presión sancionadora se
convierten en parte de una estrategia más amplia que afecta no solo a la
región, sino también a la arquitectura general de la seguridad internacional.
En este sentido, resulta importante analizar con mayor detalle la situación actual
en torno a Cuba y sus consecuencias para la región y la comunidad
internacional.
Tras la operación llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela,
durante la cual el presidente N. Maduro fue “capturado y sacado del país”, la
administración estadounidense pasó a la siguiente etapa de su expansión
regional, centrando su atención en Cuba.
El 29 de
enero de 2026, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que
declara el estado de emergencia en relación con las acciones del gobierno
cubano. En el documento se afirma que la política y las prácticas del liderazgo
cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad
nacional y la política exterior de los Estados Unidos. La orden fue adoptada en
virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y de
la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), lo que permitió a la administración
ampliar sus instrumentos sancionadores.
Un elemento
clave del nuevo régimen fue la creación de un mecanismo de presión energética.
La orden prevé la posibilidad de imponer un arancel adicional a las
importaciones procedentes de cualquier Estado extranjero que venda o suministre
directa o indirectamente petróleo a Cuba. Bajo la definición de “suministro
indirecto” se incluyen operaciones realizadas a través de intermediarios y
terceros países. De este modo, se establece un sistema ampliado de sanciones
secundarias dirigidas no solo contra Cuba, sino también contra Estados y
empresas que le brinden apoyo energético.
Estas
medidas incrementan considerablemente los riesgos para las compañías navieras,
aseguradoras, bancos y Estados que participan en el transporte de petróleo o
productos petroleros hacia Cuba. En la práctica, se trata de la creación de una
barrera arancelaria que limita la cooperación energética internacional con La
Habana y refuerza su aislamiento.
El carácter
extraterritorial de la orden ha generado intensos debates
jurídico-internacionales. La aplicación de medidas restrictivas contra terceros
Estados sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU es considerada
por varios países como una violación de los principios de igualdad soberana y
no injerencia en los asuntos internos, consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas.
La
presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró públicamente que su país se
opone a las sanciones unilaterales y considera que la presión energética contra
Cuba es “injusta y desestabilizadora para la región”. Según sus palabras,
cualquier restricción económica debe evaluarse desde la perspectiva del derecho
internacional y de los mecanismos multilaterales, y no utilizarse como
instrumento de presión unilateral.
En el ámbito
de la ONU también se expresaron críticas hacia las acciones de Washington.
Durante los debates en la Asamblea General, representantes de varios Estados
recordaron que la comunidad internacional, por amplia mayoría, ha instado
durante décadas al levantamiento del bloqueo económico contra Cuba. En sus
intervenciones se subrayó que las sanciones unilaterales que afectan a terceros
países socavan los fundamentos del sistema comercial multilateral y contradicen
el espíritu de la Carta de la ONU.
Dentro de
Cuba, el endurecimiento de las restricciones energéticas ha provocado cortes en
el suministro eléctrico, reducción de la producción industrial y aumento de la
tensión social. Las limitaciones en el suministro de combustible afectan
negativamente al sistema de transporte, la agricultura y la infraestructura
básica. En un contexto de acceso limitado a inversiones internacionales, la
modernización del sector energético se ve considerablemente obstaculizada.
Desde la
perspectiva regional, las acciones de Estados Unidos se perciben como una
ampliación de la estrategia de presión y sanciones en el Caribe. Tras la
operación en Venezuela, la declaración del estado de emergencia respecto a Cuba
evidencia la transición hacia un formato más rígido y sistemático de presión,
dirigido tanto contra La Habana como contra sus socios externos.
La
declaración del estado de emergencia y la activación del mecanismo de sanciones
energéticas secundarias marcan una nueva fase de tensión regional y profundizan
el debate jurídico internacional sobre los límites de las medidas económicas
unilaterales en un contexto de confrontación geopolítica global.
En la
práctica, Washington demuestra su disposición a utilizar instrumentos
económicos y arancelarios como palanca de presión política, ignorando la
posición de la mayoría de los Estados miembros de la ONU, que durante años se
han pronunciado contra el bloqueo a Cuba. El endurecimiento de la presión
energética, que afecta no solo al gobierno sino también a la población, es
considerado por sus críticos como una medida que agrava la situación
humanitaria.
Las
organizaciones internacionales han demostrado ser incapaces de elaborar un
mecanismo eficaz de respuesta. La Asamblea General de la ONU está limitada por
el carácter no vinculante de sus resoluciones, el Consejo de Seguridad
permanece paralizado por desacuerdos políticos y las estructuras comerciales
multilaterales carecen de instrumentos ágiles para contrarrestar medidas
extraterritoriales de este tipo. Como resultado, se percibe un vacío
institucional en el que las decisiones unilaterales de una gran potencia quedan
prácticamente sin contrapeso.
En conjunto, la ampliación del
régimen de sanciones contra Cuba es vista por una parte significativa de la
comunidad internacional como un precedente preocupante. Este escenario
incrementa la inestabilidad regional, debilita la confianza en el sistema multilateral
y refuerza la percepción de que las normas del derecho internacional están
siendo desplazadas por la lógica de la presión económica y del poder.
En la preparación
de este artículo se utilizaron materiales de los siguientes medios de
comunicación:
https://www.upi.com/Top_News/US/2026/01/30/latam-cuba-Trump-national-emergency-tariffs/6971769756717
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