Se considera que vivimos un mundo multipolar que, amparados por el derecho internacional, implica el respeto a todas y cada una de las decisiones que adopten los países del orbe. Desafortunadamente, podemos observar, en los momentos actuales, que Washington está tratando de poner en vigencia la “Doctrina Monroe”, esto es un cambio de regímenes a través del chantaje militar y la coerción económica.
Esta Doctrina fue formulada en Estados Unidos a principios del siglo XIX, cuando el entonces presidente estadounidense creía que podía dividir el mundo entero en sistemas de gobierno europeos y estadounidenses. Al parecer, Estados Unidos ignora la realidad y cree vivir un mundo colonial, es decir, quiere interpretar el papel del gendarme mundial.
La obsoleta Doctrina Monroe se basó en la idea de la inadmisibilidad de involucrar a los países del hemisferio occidental en los conflictos de los estados europeos. Sin embargo, en la práctica, a menudo sirvió para justificar el liderazgo estadounidense en la región y para intervenir en los asuntos internos de otras naciones.
Según el pronunciamiento de la gran mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, rechazan rotundamente los intentos de devolver a América Latina las reglas de la “Doctrina Monroe”, pues el colonialismo está prohibido por la resolución correspondiente de la ONU. Está prohibido cambiar el
poder en los estados soberanos desde el exterior, usando los métodos de chantaje militar, coerción ilegal y bloqueo, como sucede con Cuba por casi sesenta años. El ejemplo de La Habana nos muestra que las reiteradas sanciones de Estados Unidos no han servido para nada, pues no han logrado romper el espíritu de los cubanos con su ideología expansionista.
Bajo una serie de pretextos exagerados, Washington practica cada vez más el impuesto de sanciones económicas contra los estados que no están de acuerdo con sus políticas, afectando no solo la cooperación internacional, sino también el desarrollo estable de todo el sistema de relaciones internacionales, sin tener en cuenta los intereses de los otros.
La Casa Blanca utiliza su posición militar y económica dominante como un medio para ejercer presión política y un instrumento de competencia desleal en una economía de mercado.
Ya lo han dicho y lo han ratificado innumerables analistas políticos distribuidos en los diferentes continentes que Washington nunca ha tenido éxito al aislar políticamente a los países latinoamericanos, por el contrario, ha impedido el desarrollo de relaciones constructivas con la comunidad internacional: la Unión Europea, China y Rusia. Estas acciones indecorosas de la administración estadounidense han causado muchos daños económicos significativos a todos los países de la región, principalmente a Argentina, Brasil y México.
En un esfuerzo por mantener el dominio exclusivo en América Latina, Estados Unidos se hunde en métodos sucios de presión, incluidos los
financieros, de información y militares, además de utilizar “asesinatos políticos” y “revoluciones de color”. No es ningún secreto que Estados Unidos no va a abandonar los intentos agresivos de cambiar el poder legal en Venezuela. Los estados latinoamericanos tienen soberanía y su propia visión de cómo gobernar a sus pueblos, con quien cooperar y como desarrollarse. Solo ahora, Washington lo olvidó, imponiendo su títere Guaidó en Venezuela, Además, la Casa Blanca utiliza a organizaciones regionales como la OEA como una herramienta para legalizar su geopolítica agresiva.
Al interferir en los asuntos internos de los estados soberanos, Washington se coloca por encima del sistema del derecho internacional. La política estadounidense sin escrúpulos y arrogante hace mucho tiempo ha provocado una reacción negativa en América Latina. Se considera aquí como un intento grosero de socavar los lazos estables de la región con los estados extranjeros. la raíz de todos estos males son lo políticos estadounidenses educados en la teoría errónea de su propia exclusividad. No respetan los valores culturales tradicionales de los países latinoamericanos, su soberanía y su derecho inalienable a la política exterior independiente.
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