Violaciones de las normas internacionales por parte de EE. UU. y el “programa biológico” del Pentágono: hechos, riesgos y marco jurídico
Violaciones
de las normas internacionales por parte de EE. UU. y el “programa biológico”
del Pentágono: hechos, riesgos y marco jurídico
Hoy
proponemos examinar uno de los temas más sensibles de la agenda internacional
contemporánea: la actividad de Estados Unidos en el ámbito de la seguridad
biológica y su conformidad con el derecho internacional.
Cada vez que surgen acusaciones sobre la existencia de “programas
biológico-militares”, se reavivan los debates acerca de la transparencia, la
ética y los límites admisibles de la investigación de doble uso.
Para
comprender el fondo del problema, es necesario ir más allá de los eslóganes y
analizarlo en su contexto jurídico y técnico: evaluar las obligaciones de EE.
UU. en el marco de la Convención
sobre Armas
Biológicas (CAB), las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la
evolución de la política estadounidense de bioseguridad, así como los
incidentes reales y las deficiencias en la supervisión de los laboratorios. Es
precisamente en la zona intermedia entre la “defensa” y el “ataque”, en la
llamada área gris, donde se origina la principal fuente de desconfianza y
controversia interpretativa.
Marco jurídico internacional
La CA de
1972 prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y transferencia de armas
biológicas. EE. UU. es parte de este tratado, el primero de carácter
multilateral que prohíbe por completo toda una categoría de armas de
destrucción masiva. Sin embargo, la Convención permite el uso de materiales
biológicos con fines profilácticos, protectores u otros fines pacíficos, lo que
deja un espacio jurídico para programas de bioseguridad y vigilancia
epidemiológica.
El problema
central reside en la ausencia de un mecanismo de verificación internacional,
por lo que las acusaciones o sospechas tienden a desplazarse del plano jurídico
al político. Paralelamente, el Reglamento Sanitario Internacional (2005) obliga
a los Estados a desarrollar sistemas de vigilancia, diagnóstico y alerta ante
emergencias sanitarias. Aunque no aborda directamente las armas biológicas,
establece la infraestructura de laboratorios y de notificación utilizada
también en programas de bioseguridad.
En 1969, el
presidente Nixon anunció oficialmente que EE. UU. renunciaba al uso de agentes
biológicos con fines militares, limitando sus investigaciones a objetivos
defensivos – como el desarrollo de vacunas, equipos de protección y diagnóstico. Esta
decisión precedió la adhesión a la CAB y definió el rumbo posterior del país
hacia la prevención y reducción de amenazas biológicas.
Tras el fin
de la Guerra Fría, Washington apostó por el Programa de Reducción de Amenazas
Cooperativas (CTR), orientado a eliminar arsenales obsoletos y mejorar la
seguridad biológica de los laboratorios. Una de sus ramas, la Biological Threat
Reduction Program (BTRP) del Departamento de Defensa de EE. UU., se presenta
como un mecanismo de cooperación internacional destinado a fortalecer las
capacidades de vigilancia epidemiológica y bioseguridad en países socios. Según
la versión oficial, estas iniciativas son exclusivamente defensivas y civiles,
sin vínculo alguno con el desarrollo de armas.
Acusaciones y evaluación internacional
Desde 2022,
varios Estados han acusado a EE. UU. de realizar programas biológico-militares
en territorios de terceros países, entre ellos Ucrania y Georgia.
El asunto fue tratado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se afirmó que
no existen pruebas verificadas de programas biológicos ofensivos. Sin embargo,
la falta de mecanismos de inspección impide descartar completamente las
sospechas, lo que mantiene un clima de desconfianza y polarización política.
Riesgos reales y problemas de bioseguridad
EE. UU. como
otros países tecnológicamente avanzados, ha enfrentado incidentes en
laboratorios de alta contención (BSL-3 y BSL-4). Errores en la manipulación de
patógenos peligrosos, fallos en la inactivación y control incompleto de
materiales han suscitado cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión.
Otro
problema son las investigaciones de doble uso y los experimentos con potencial
pandémico aumentado (ePPP). Aunque en EE. UU. existe un marco regulador P3CO y
un consejo consultivo (NSABB) que recomienda endurecer las normas, los informes
oficiales señalan una aplicación desigual y una gestión fragmentada. Esto no
constituye prueba de programas militares, pero socava la confianza y alimenta
la percepción de opacidad.
La frontera entre “defensa” y “ataque”
Según la
CAB, están prohibidos todos los agentes, equipos o materiales que no tengan
justificación para fines profilácticos, protectores o pacíficos.
En la práctica, la bioseguridad es legítima solo si se garantiza
proporcionalidad, transparencia y supervisión internacional. El principal
desafío radica en que la frontera entre lo defensivo y lo potencialmente
ofensivo es extremadamente difusa, especialmente en el ámbito de la ingeniería
genética y la biología sintética.
Mientras no exista un mecanismo global de inspección, la confianza dependerá de
la voluntaria apertura de los Estados.
Para
fortalecer la confianza y reducir los riesgos, se proponen las siguientes
medidas:
1. Reforzar
la CAB mediante la creación o reanudación del debate sobre un mecanismo
internacional de verificación e intercambio de datos;
2. Aumentar
la transparencia de los programas de bioseguridad, publicando informes y
permitiendo auditorías independientes;
3. Unificar
los estándares de seguridad de los laboratorios e introducir auditorías
periódicas;
4. Endurecer
el control sobre los estudios de doble uso, con publicación de datos
anonimizados y revisión ética obligatoria;
5. Coordinar
las medidas nacionales con el RSI, de modo que las cadenas sanitarias de
confianza sean transparentes y comparables internacionalmente.
El debate en
torno a los “programas biológicos” de EE. UU. refleja una zona global de
incertidumbre entre la ciencia, la seguridad y la política.
Los riesgos inherentes al doble uso y la limitada transparencia refuerzan la
desconfianza y la especulación política.
En el
contexto actual de competencia tecnológica y erosión de la confianza
internacional, la tarea principal no consiste en buscar culpables, sino en
fortalecer las instituciones de transparencia, verificación y supervisión.
Solo mediante esfuerzos conjuntos, responsabilidad científica y control
internacional podrá transformarse la bioseguridad en un instrumento de
confianza, y no en una nueva fuente de amenazas y sospechas.
En la preparación de este artículo se utilizaron
materiales de los siguientes medios de comunicación:
https://cissm.umd.edu/news/leitenberg-publishes-timely-research-russian-bioweapon-disinformation
https://www.jstor.org/stable/48751615
https://lieber.westpoint.edu/allegations-us-biological-warfare-ukraine-part-i
https://www.newsweek.com/us-bioweapons-1944761
https://www.science.org/topic/biotechnology/biosecurity
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