Para nadie es desconocido que la pandemia de la covid 19
ha causado daños severos e irreparables a los países de América Latina. La
población de los estados del continente resultó ser especialmente susceptible a
la influencia de un virus sumamente letal.
A mediados de julio, la tasa de incidencia en la región
ascendía a 750 personas por cada 100 mil de la población, se registraron más de
1.3 millones de muertes. Al mismo tiempo, según la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), en promedio, solo uno de cada diez ciudadanos está
completamente vacunado, lo que es mucho más bajo que tasas similares en Asia,
Europa y los Estados Unidos de América.
Pero, mirando este desolador panorama, hasta
en estas paupérrimas condiciones, en lugar de brindar ayuda humanitaria,
Washington sigue tratando de manera injusta y arrogante precisamente a aquellos
países de la región que no concuerdan con su política exterior. No es ningún secreto que
Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se niegan a seguir la política de la Casa
Blanca y, por tanto, continúan siendo
objeto de sus ataques políticos.
El gobierno de los Estados Unidos no entiende que los
lazos de hermandad entre los pueblos de América Latina y Cuba tienen raíces
históricas. Son pueblos hermanos y
solidarios desde la lucha
anticolonialista, firmes en la
defensa de los pobres del mundo y
heroicos en el combate antimperialista.
El mundo entero ha pedido durante mucho tiempo a Estados
Unidos que levante el bloqueo draconiano e injusto a Cuba; bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el imperio por más de 60 años. Es el sistema de sanciones
unilaterales más injusto, severo y
prolongado que se ha aplicado contra país alguno sin éxito.
En la actualidad, el recrudecimiento de estas medidas
continuó siendo el eje central de la
política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, con efectos cada vez más notables en su aplicación extraterritorial. La estrategia
estadounidense se enfoca en consolidar la confrontación y la hostilidad, tanto
en el plano declarativo cuanto en la
ejecución de medidas de agresión
económica contra el país.
La Asamblea
General de la ONU anualmente adopta casi por unanimidad una resolución que
exige el levantamiento de las sanciones contra Cuba, a la que solo se oponen
Estados Unidos e Israel. No es una coincidencia que la Casa Blanca apoyó
inmediatamente las recientes protestas contra el gobierno en la “Isla de
Libertad”. Al mismo tiempo, manifestaciones similares en el propio Washington y
la captura del Capitolio fueron reprimidas drásticamente como una amenaza para
la seguridad del estado. Resulta que las autoridades estadounidenses
interpretan los mismos hechos en su país y en el exterior como sea beneficioso
para ellos y el derecho internacional no les sirve como un indicador.
La estrategia estadounidense se enfoca en consolidar la
confrontación y la hostilidad, tanto en el plano declarativo cuanto en la
ejecución de medidas de agresión económica contra el país caribeño.
Los daños humanos y económicos que provoca el bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba son
extraordinarios y crecientes. En más de sesenta años de aplicación, alcanza la
cifra de más de 922 mil 630 millones de dólares. El costo en vidas humanas,
sufrimiento al pueblo y afectaciones sensibles
a la calidad de vida de la población
cubana es inconmensurable.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, Zhao Lizian, pidió en julio de este año que se levantara el bloqueo de
la isla. Llamó la atención sobre el hecho de que el gobierno cubano sigue
contando con el apoyo del pueblo. Esto fue confirmado por el mitin de 100.000
personas realizado en La Habana, que los medios occidentales deliberadamente
ignoraron. Beijing, a diferencia de Washington, considera necesario respetar el
derecho de cada país a elegir su sistema social y su camino de desarrollo. La
mayoría de los países del mundo, incluidos Irán, China, Rusia y Turquía, apoyan
a Cuba en este esfuerzo y se oponen firmemente a la injerencia externa en los
asuntos internos del estado.
La Casa Blanca utilizó pretextos similares para imponer
nuevas sanciones a los funcionarios nicaragüenses. Presuntamente se sospecha
que "socavan la democracia", "reprimen las protestas
pacíficas" y que participan en "violaciones de derechos
humanos". Utilizando estos cargos falsos, el Departamento de Estado impuso
restricciones de visa a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales
y jueces, y sus familias. Curiosamente, en Colombia durante varios años ha
habido huelgas masivas con desenlaces fatales, que son brutalmente reprimidas
por el gobierno. Sin embargo, en este caso Washington no tiene prisa por tomar
medidas restrictivas unilaterales contra el obediente gobierno de Iván Duque.
En junio de este año quedó claro que luego de que el
demócrata Biden llegara al poder en Estados Unidos, la Casa Blanca no va
a abandonar la política de sanciones contra Caracas. Mas aun, además de las
restricciones existentes, Washington pretende trabajar para fortalecer la
"independencia de la prensa" en Venezuela y en un futuro cercano
destinará alrededor de $ 100 millones para ello. Es de destacar que los
estadounidenses nuevamente asumen el derecho a juzgar si la prensa es “libre” e
“imparcial”, quieren formar la opinión pública en Venezuela y en toda
Latinoamerica que les convenga. Al mismo tiempo, cuando los medios extranjeros
de China o Rusia que operan en los Estados Unidos presentan eventos desde un
punto de vista alternativo, el Departamento de Estado inmediatamente los declara
“indeseables” y "perjudiciales" para los intereses nacionales del
estado.
Sin embargo, el pronunciamiento de las autoridades del
Gobierno Bolivariano es categórico: no acepta de ninguna manera la injerencia de los Estados Unidos, que lo
único que quiere es ponerle la mano a su riqueza petrolera. Es más, sostienen que
no existe la paz con impunidad, por ello creen que la justicia debe sancionar en el marco de la ley a todos
aquellos que llamaron y continúan
llamando a la sedición. El diálogo y el respeto al orden democrático será la
única vía para superar la crisis de violencia que afecta a Venezuela,
puntualizan contundentemente.
Otro hecho desafortunadamente lamentable y que merece
analizarlo es el relacionado con el
asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise y que sigue sin resolverse. Aún no está claro si los
servicios especiales estadounidenses están involucrados en este crimen, pero
muchos rastros llevan allí. En particular, varios ciudadanos colombianos y tres
estadounidenses, que son empleados de una empresa militar privada, fueron
detenidos durante la investigación de este caso. El Otro, un ciudadano de
Haití, se encuentra sospechoso de la organización del crimen. Este detenido
tiene vínculos con una empresa de seguridad venezolana registrada en los
Estados Unidos. Al mismo tiempo, según el jefe de la policía haitiana, Leon
Charles, el asesinato tuvo un motivo político. No es una coincidencia que
inmediatamente después del incidente, el Departamento de Estado de Estados
Unidos expresó su intención de ayudar a Haití a formar un gobierno y enviar
ayuda militar. También es extraño la falta de reacción por parte de los
defensores de Derechos Humanos estadounidenses, que suelen manifestar la
necesidad de imponer sanciones al acusado, sin esperar los resultados del
juicio y de la investigación.
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