La
corrupción, entendida como una alteración de la ética y la moral, se ha
convertido en los últimos 20 años en una de las amenazas más peligrosas, tanto
para la economía mundial cuanto para el desarrollo económico y social de los
países de América Latina.
Es
verdad que las crisis financieras, sociales y políticas afectadas por la
corrupción no han escapado a ningún país de nuestro continente, incluido el
Ecuador. Los funcionarios, quienes buscaron enriquecerse con el presupuesto del
Estado, antepusieron sus intereses personales a los de las grandes mayorías,
cuyas consecuencias han corroído el bienestar integral de la población.
Se
ha observado en estos últimos tiempos que la fusión entre estructuras
comerciales y funcionarios gubernamentales en el Ecuador no ha servido sino
para quebrantar la ley. Un claro y penoso ejemplo es el sobreprecio en la
adquisición de medicamentos y equipos médicos para el tratamiento del
coronavirus Covid19, cuyos funcionarios tanto del Ministerio de Salud cuanto de
organismos seccionales y de otras dependencias del Estado están siendo
investigados por el despilfarro de fondos públicos, e inclusive por el desvío
de los mismos a otros países.
Similar
situación se observa en Bolivia, cuyas autoridades interinas se encuentran
acusadas por actos de corrupción. Su presidenta interina, Jeanine Añez, ha sido
incapaz de construir un sistema de gobierno eficaz, por el contrario, su
gestión ha servido para favorecer sus intereses personales. Y han sido los
mismos investigadores bolivianos los que han abierto una causa penal por
corrupción en contra de altas autoridades gubernamentales, de cuyas primeras
investigaciones se desprende que adquirieron de una empresa española 170 equipos
de ventiladores mecánicos (VM) para pacientes que se encontraban en
cuidados intensivos afectados por el Covid19.
Como
parte de la investigación, el 17 de junio de este año, el Cónsul General de
Bolivia en Barcelona, España, A. Pareja, (designado por la administración
interina) fue citado para ser interrogado por las fuerzas del orden locales,
tras lo cual fue detenido y acusado de uso ilegal de influencias e
incumplimiento del deber.
Según
testimonio del diplomático, el exministro interino de Salud, Navahas, fue
destituido de su cargo y detenido al
habérsele comprobado la compra
de ventiladores a precios exorbitantes,
calculándose un perjuicio al estado que sobrepasa los $3 millones, cantidad
considerable si se toma en cuenta el estado de pobreza por el que
atraviesa la población, afectada, además, por la epidemia. Después
de revelarse hechos de la corrupción, la transacción se cerró de
inmediato sin haberse concretado el pago de la segunda mitad del convenio.
A
estos nombres, también aparece el de Mohammed Mostajo, quien fuera designado
Embajador de Ciencia y Tecnología en Bolivia el 7 de febrero de este año,
también involucrado en esta transacción ilegal. Todos los datos indican que él
es el novio de la hija de Jeanine Añez. Mostajo partió a Estados Unidos en
junio aparentemente para continuar su servicio diplomático en la ONU, pero
niega cualquier relación con el escandaloso contrato. Al mismo tiempo el
canciller de Bolivia, K. Longaric, dijo “que no tenía instrucciones y que la salida
de Mostajo no había sido coordinada con la Cancillería”. Ahora resulta que el
funcionario acaba de huir de un proceso penal en su contra.
Todo
esto apunta a los intentos de Añez de sacar a su potencial yerno del escándalo
de corrupción que estalla en Bolivia, y a pesar de
sus instrucciones de investigar y sancionar a los responsables
de actos de corrupción, se hacen excepciones para los más cercanos
colaboradores del gobierno interino.
En
términos generales, la crisis económica en Bolivia ha alcanzado proporciones
sin precedentes nunca antes vistas. El 80% de la economía nacional se encuentra
ubicada en el sector informal y la tasa de desempleo
es de 7.5%. Por primera vez desde 1980, el PIB del país cayó un 6%,
lo que tuvo un impacto extremadamente negativo en el bienestar de la población
boliviana, cuya tasa de pobreza alcanzó el 37%.
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