MASIVAS PROTESTAS EN AMÉRICA LATINA

La situación política interna en varios   países de América Latina ha sido inestable desde mucho tiempo atrás,  caracterizado por un  aumento de la tensión social y las consecuentes  protestas masivas que ha sido  el denominador común en la región. Basta recordar aquel fatídico mes de octubre pasado cuando se desató  una ola de huelgas que  se extendió por la región, cuyas razones fueron la falta de continuidad del poder y un cambio cardinal del rumbo político de los nuevos gobiernos neoliberales que, al no poder satisfacer las necesidades  básicas de la población, se vieron obligados  a recurrir  a la ayuda de instituciones financieras  de occidente.

Es fácil deducir que la actitud de estos gobiernos sometidos al poder imperial obedece a precautelar sus propios intereses e inclusive el del poder político y económico  a espaldas de los intereses del pueblo.

  Washington no ha escatimado  esfuerzos para actualizar  la moralmente  obsoleta “Doctrina Monroe”, y  continua enceguecido en  considerar  a los estados  latinoamericanos como zona de su influencia  exclusiva, con el objetivo  de implantar en la  región  un  sistema de gobierno parecido al de los EEUU, así como también un cambio de poder de gobernantes progresistas a favor  de políticos con puntos de vista afines a la  extrema derecha.

Octubre del 2019 fue un mes de luto para los pueblos de la región. En Chile estalló un levantamiento masivo conocido como “primavera de Chile”. La profunda crisis económica y un significativo aumento  en las tarifas del transporte público, desencadenaron el extremo descontento popular. Por su parte,  los pueblos indígenas, incluidos los que representan  al movimiento Mapuche, se encontraban en condiciones críticas. Grandes disturbios que continúan hasta nuestros días. Abarcaron Santiago  y otras importantes   ciudades. Por orden del presidente Sebastián Piñera  unidades especiales de la policía  nacional y el ejército  participaron en la represión  de los manifestantes, y como resultado del uso de la fuerza excesiva, unos diez mil ciudadanos resultaron heridos, un número considerable detenidos y   alrededor de 30 personas fallecidas. 

De igual manera, a principios de octubre del 2019, la situación política interna en Ecuador se deterioró sustancialmente;  la razón fundamental  del descontento fue la incoherente,  inadecuada e impopular  política económica del presidente Lenin Moreno, que derivó de un aumento significativo en los precios de los combustibles. En respuesta, los sindicatos del transporte organizaron protestas a nivel nacional. Más tarde, el pueblo se unió a ellos, así como a varias organizaciones tales  como el movimiento indígena de la Conaie  que entró en una confrontación abierta con las autoridades  oficiales, e incluso  contra el expresidente Correa, resultado de lo cual devino en  violentos enfrentamientos entre manifestantes  y fuerzas del orden, cientos de personas  resultaron heridas y  más de 10 ecuatorianos fallecidos.

Bolivia fue otro de los países en donde a  fines del año pasado estallaron intensos   disturbios incontrolables por un gobierno postizo, neoliberal, autoproclamado “democrático”, pero, sin duda alguna,  sometido a los designios de los Estados Unidos, país éste que no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas en Bolivia,  por lo que su Presidente Constitucional Evo Morales, se vio obligado a renunciar,   apoderándose del poder  el segundo vicepresidente del parlamento, J. Añez.

 Frente a todo este enjambre de movimientos anticonstitucionales, el descontento y la protesta  del pueblo  se hizo presente en calles, plazas y avenidas, las mismas que fueron reprimidas fuertemente por las fuerzas represivas, y que afloró  un nuevo conflicto entre  la presidenta interina  y los poderosos movimientos indios como el MAS, Aguawar y Gaswar.

La  presidenta interina,  J Añez, luego de autoproclamarse,  manifestó “su deseo de restaurar la economía y la justicia  social en el estado”, pero la gran pregunta: ¿podrá hacerlo  sin la ayuda externa? Definitivamente no.  Según el Portal Web del Centro Latinoamericano de Estudios  Políticos – CELAG- Añez ya recibió  $50 millones de  la Agencia de los Estados Unidos  Para El Desarrollo  Internacional  ( USAID), dineros  destinados al “Programa  Para el Desarrollo  De  La Democracia  y La Protección De Los Derechos  De La Población India  en Bolivia,  Y, sin embargo, de haber  recibido esos recursos económicos, los desacuerdos  entre Añez y los pueblos indígenas no se hicieron esperar. Ahora, por las experiencias vividas, nada difícil que la USAID  esté financiando  la campaña electoral de su propio político,   como  Washington  financia  los programas de “desarrollo de la democracia “en muchos países  de la región, inclusive en el 2020, está previsto inaugurar una nueva oficina de la USAID en Quito, a pesar del desacuerdo y las protestas del pueblo ecuatoriano.

Como es conocido, todas y cada una de las acciones  emprendidas por los Estados Unidos en los países latinoamericanos  han sido sumamente desconcertantes, y siempre se ha considerado como un intento de socavar nuestra independencia  y soberanía.