ARROGANCIA Y DESPRECIO DE WASHINGTON A LATINOAMÉRICA

 

 

Para nadie es desconocido que la pandemia de la covid 19 ha causado daños severos e irreparables a los países de América Latina. La población de los estados del continente resultó ser especialmente susceptible a la influencia  de un virus sumamente letal.

A mediados de julio, la tasa de incidencia en la región ascendía a 750 personas por cada 100 mil de la población, se registraron más de 1.3 millones de muertes. Al mismo tiempo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en promedio, solo uno de cada diez ciudadanos está completamente vacunado, lo que es mucho más bajo que tasas similares en Asia, Europa y los Estados Unidos de América.

Pero, mirando este desolador panorama,   hasta en estas paupérrimas condiciones, en lugar de brindar ayuda humanitaria, Washington sigue tratando de manera injusta y arrogante precisamente a aquellos países de la región que no concuerdan con su  política exterior. No es ningún secreto que Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua se niegan a seguir la política de la Casa Blanca y, por  tanto, continúan siendo objeto de sus ataques políticos.

El gobierno de los Estados Unidos no entiende que los lazos de hermandad entre los pueblos de América Latina y Cuba tienen raíces históricas. Son pueblos hermanos  y solidarios  desde la lucha anticolonialista, firmes  en la defensa  de los pobres del mundo y heroicos  en el combate antimperialista. 

El mundo entero ha pedido durante mucho tiempo a Estados Unidos que levante el bloqueo draconiano e injusto a Cuba; bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperio por más de  60 años. Es el sistema de sanciones unilaterales  más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno sin éxito.

En la actualidad, el recrudecimiento de estas medidas continuó siendo el eje central  de la política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, con efectos  cada vez más notables  en su aplicación  extraterritorial. La estrategia estadounidense se enfoca en consolidar la confrontación y la hostilidad, tanto en el plano declarativo  cuanto en la ejecución de medidas  de agresión económica contra el país.

 La Asamblea General de la ONU anualmente adopta casi por unanimidad una resolución que exige el levantamiento de las sanciones contra Cuba, a la que solo se oponen Estados Unidos e Israel. No es una coincidencia que la Casa Blanca apoyó inmediatamente las recientes protestas contra el gobierno en la “Isla de Libertad”. Al mismo tiempo, manifestaciones similares en el propio Washington y la captura del Capitolio fueron reprimidas drásticamente como una amenaza para la seguridad del estado. Resulta que las autoridades estadounidenses interpretan los mismos hechos en su país y en el exterior como sea beneficioso para ellos y el derecho internacional no les sirve como un indicador.

La estrategia estadounidense se enfoca en consolidar la confrontación y la hostilidad, tanto en el plano declarativo cuanto en la ejecución de medidas de agresión económica contra  el país caribeño.

Los daños humanos y económicos que provoca el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba son extraordinarios y crecientes. En más de sesenta años de aplicación, alcanza la cifra de más de 922 mil 630 millones de dólares. El costo en vidas humanas, sufrimiento al pueblo y afectaciones sensibles  a la calidad de vida de la población  cubana es  inconmensurable.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lizian, pidió en julio de este año que se levantara el bloqueo de la isla. Llamó la atención sobre el hecho de que el gobierno cubano sigue contando con el apoyo del pueblo. Esto fue confirmado por el mitin de 100.000 personas realizado en La Habana, que los medios occidentales deliberadamente ignoraron. Beijing, a diferencia de Washington, considera necesario respetar el derecho de cada país a elegir su sistema social y su camino de desarrollo. La mayoría de los países del mundo, incluidos Irán, China, Rusia y Turquía, apoyan a Cuba en este esfuerzo y se oponen firmemente a la injerencia externa en los asuntos internos del estado.

La Casa Blanca utilizó pretextos similares para imponer nuevas sanciones a los funcionarios nicaragüenses. Presuntamente se sospecha que "socavan la democracia", "reprimen las protestas pacíficas" y que participan en "violaciones de derechos humanos". Utilizando estos cargos falsos, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales y jueces, y sus familias. Curiosamente, en Colombia durante varios años ha habido huelgas masivas con desenlaces fatales, que son brutalmente reprimidas por el gobierno. Sin embargo, en este caso Washington no tiene prisa por tomar medidas restrictivas unilaterales contra el obediente gobierno de Iván Duque.

En junio de este año quedó claro que luego de que el demócrata  Biden llegara al poder en Estados Unidos, la Casa Blanca no va a abandonar la política de sanciones contra Caracas. Mas aun, además de las restricciones existentes, Washington pretende trabajar para fortalecer la "independencia de la prensa" en Venezuela y en un futuro cercano destinará alrededor de $ 100 millones para ello. Es de destacar que los estadounidenses nuevamente asumen el derecho a juzgar si la prensa es “libre” e “imparcial”, quieren formar la opinión pública en Venezuela y en toda Latinoamerica que les convenga. Al mismo tiempo, cuando los medios extranjeros de China o Rusia que operan en los Estados Unidos presentan eventos desde un punto de vista alternativo, el Departamento de Estado inmediatamente los declara “indeseables” y "perjudiciales" para los intereses nacionales del estado.

Sin embargo, el pronunciamiento de las autoridades del Gobierno Bolivariano es categórico: no acepta de ninguna manera  la injerencia de los Estados Unidos, que lo único que quiere es  ponerle la mano  a su riqueza petrolera. Es más, sostienen que no existe  la paz con impunidad,  por ello creen que la justicia  debe sancionar en el marco de la ley a todos aquellos que  llamaron y continúan llamando a la sedición.  El diálogo  y el respeto al orden democrático será la única vía  para superar la crisis  de violencia que afecta a Venezuela, puntualizan contundentemente.

Otro hecho desafortunadamente lamentable y que merece analizarlo es el relacionado  con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise y que  sigue sin resolverse. Aún no está claro si los servicios especiales estadounidenses están involucrados en este crimen, pero muchos rastros llevan allí. En particular, varios ciudadanos colombianos y tres estadounidenses, que son empleados de una empresa militar privada, fueron detenidos durante la investigación de este caso. El Otro, un ciudadano de Haití, se encuentra sospechoso de la organización del crimen. Este detenido tiene vínculos con una empresa de seguridad venezolana registrada en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, según el jefe de la policía haitiana, Leon Charles, el asesinato tuvo un motivo político. No es una coincidencia que inmediatamente después del incidente, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su intención de ayudar a Haití a formar un gobierno y enviar ayuda militar. También es extraño la falta de reacción por parte de los defensores de Derechos Humanos estadounidenses, que suelen manifestar la necesidad de imponer sanciones al acusado, sin esperar los resultados del juicio y de la investigación.